Expertos en derecho penal advierten que quienes compartan documentos anónimos como la llamada “lista de infieles” podrían enfrentar delitos graves, especialmente si incluyen información privada como cédulas, direcciones o números telefónicos. La difusión no autorizada de datos puede constituir violación de la intimidad, sancionada con uno a tres años de prisión. La Constitución y la Ley de Protección de Datos Personales también permiten imponer sanciones administrativas y exigir responsabilidades civiles. Si lo difundido incluye acusaciones falsas, además podría configurarse calumnia o injuria, y las víctimas pueden solicitar indemnización por daño moral.

Lucas y Clara comentan: ...