'El plan B' pretende eliminar el 80 por ciento del servicio profesional al Instituto Nacional Electoral. Esto vulnera dos pilares fundamentales: el servicio profesional de carrera, la actualización y depuración del padrón electoral. Esta información pasaría por la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya no a través del órgano electoral. Actualmente sólo el INE tiene acceso a los datos de los ciudadanos.