Ante el fracaso de un intento de diálogo, el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros recurrió a la represión con policías antimotines para reabrir las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) que estaban en poder de un grupo de inconformes y así permitir el ingreso de directivos y trabajadores de confianza.