En febrero de 2025, México entregó a 29 narcotraficantes a EUA ignorando amparos vigentes bajo el argumento de seguridad nacional.

En abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia solicitó la detención de 10 funcionarios de Morena — encabezados por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya — el gobierno exigió "pruebas contundentes e irrefutables". La contradicción no es jurídica: es política.

Rocha Moya es parte del núcleo fundador del poder morenista en el norte del país, y su caída en un tribunal americano amenaza la narrativa completa del movimiento.

El gobierno enfrenta una bifurcación sin salida cómoda: bloquear la extradición le regala a Trump el argumento de narcoestado; cederla abre una caja de información que no puede contener. El tercer escenario — que no pase nada — es históricamente el más probable, y el más ...