El principio de “quien contamina paga” fue introducido por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 1972 y establece que quien contamina debe sufragar los gastos de prevención y control de la contaminación para asegurar que el medio ambiente no se degrade. Debemos ser conscientes de que el principio de quien contamina paga no implica el derecho a contaminar.

Además se establecen las garantías financieras a través de seguros, avales, reserva técnica, que deben cubrir los costes de reparación del posible daño que se cause y los costes de prevención y evitación.

Referencias:
Derecho a contaminar: cómo una medida medioambiental se convirtió en un fiasco de miles de millones de euros  ...